Pacificación del país | Ricardo Anaya México en Paz
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La pacificación del país, con seguridad,

respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas

 

 

 

El sistema de justicia mexicano está debilitado y corrompido, y es ineficiente e ineficaz. Requiere de un rediseño que incluya un replanteamiento desde su concepción.

 

La nueva estrategia de seguridad ciudadana de la Coalición Por México al Frente privilegia la investigación científica, la desarticulación de las bases económicas y financieras de las redes delincuenciales nacionales y sus vínculos con las internacionales; la prevención del delito, el respeto total de las leyes, y el castigo ejemplar a los delincuentes. Haremos énfasis en la profesionalización y dignificación de la carrera policial, y nos enfocaremos en proteger a las personas, garantizar los derechos humanos y la convivencia social, porque consideramos que la lucha contra el delito también pasa por la educación y la formación cívica en valores.

 

Bajo estas premisas, en la Coalición Por México al Frente nos proponemos:

 

  1. Diseñar e implementar una política de seguridad humana de carácter integral, para que todos los mexicanos y mexicanas gocen de su derecho inalienable a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, atendiendo las causas estructurales de la violencia y la delincuencia. Para ello proponemos:

 

- Hacer el cumplimiento del Estado de Derecho un eje fundamental de la seguridad ciudadana.

 

- Rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de una nueva instancia de seguridad ciudadana, separada de la Secretaría de Gobernación.

- Consolidar un mecanismo de coordinación interinstitucional entre las instancias encargadas de la seguridad.

 

- Concentrar los esfuerzos en combatir los delitos que más lastiman a la sociedad, comenzando con el homicidio, robo con violencia, los feminicidios, el secuestro y la extorsión.

 

- Combatir los abusos y violaciones a derechos humanos tales como: la trata de personas, la desaparición forzada, la desaparición, la afectación de derechos en contextos de movilidad humana, las ejecuciones extrajudiciales y todas aquellas privaciones de la libertad contrarias a la ley.

 

- Establecer a nivel nacional programas para prevenir y reducir la violencia en todas sus dimensiones, a través de políticas y acciones de prevención de la violencia y el delito, la recuperación de espacios públicos y el fomento a la cultura de la legalidad.

 

- Implementar programas de inclusión y atención para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en contextos y entornos de violencia.

 

- Recuperar espacios públicos creando entornos seguros de convivencia.

 

- Reconsiderar las prioridades del gasto en seguridad dando prioridad al gasto estratégico tareas de investigación, inteligencia y procuración y administración de justicia.

 

- Garantizar el acceso a la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género, con la finalidad de hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

 

  1. Implementar una política de seguridad ciudadana que garantice el pleno respeto de los derechos humanos, proteja a las víctimas y se sustente en la participación ciudadana, mediante las siguientes acciones:

 

- Fortalecer la participación de la sociedad civil en el Sistema y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad; así como en la supervisión del sistema penitenciario del país, sea del fuero federal o local

 

- Fomentar y fortalecer la participación de la ciudadanía en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad de sus comunidades.

 

- Fortalecer los mecanismos de seguimiento y atención de las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos.

 

- Proteger la integridad de las víctimas de la violencia y la delincuencia, a partir del compromiso con la plena aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, y la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.

 

- Garantizar el debido proceso y la erradicación de la tortura o la coerción para obtener declaraciones de los acusados.

 

- Combatir la trata de personas en sus diversas modalidades y establecer programas específicos de atención a las víctimas de estos delitos, proporcionándoles el apoyo necesario para su reinserción social.

 

- Garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia mediante el diseño e implementación de protocolos de actuación por parte de las autoridades de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, para erradicar el grave flagelo de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres. Los diversos agentes del Estado relacionados con esta problemática recibirán la capacitación adecuada para la correcta e inmediata implementación de dichos protocolos.

 

  1. Fortalecer a las instituciones policiales para enfrentar al delito y recuperar la confianza de la sociedad, a través de los siguientes mecanismos:

 

- Definir e instrumentar un modelo de carrera policial en los tres órdenes de gobierno, con los recursos financieros y humanos para su capacitación, equipamiento e infraestructura.

 

- Fortalecer las capacidades policiales mediante la capacitación permanente y el uso de tecnología e inteligencia, como elementos fundamentales para abatir los delitos.

 

- Mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr que éstos sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de combate a los delitos.

 

- Fomentar el respeto y la confianza en las policías, a través del proceso de certificación, evaluación y controles de confianza abierto al escrutinio y a la participación de la sociedad civil.

 

- Dignificar y enaltecer a los miembros de las corporaciones policiales, a través de salarios dignos, prestaciones sociales y protección para el personal de las instituciones policiales y sus familias.

 

- Fortalecer a las policías municipales, de proximidad y comunitarias, para el desempeño de las tareas de seguridad ciudadana como la contención de los delitos del fuero común y tareas para preservar la paz pública y la convivencia social.

 

- Relanzar la propuesta de contar con un mando mixto policial a partir del principio de subsidiariedad. Mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr que éstos sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de combate a los delitos.

 

  1. Implementar, con relación al consumo y tráfico de drogas, una política integral enfocada en la reducción de daños y riesgos y en la desarticulación de las organizaciones de delincuencia organizada, a través de las siguientes acciones:

 

- Fortalecer las capacidades técnicas, de equipamiento y de operación estratégica de las policías para hacer frente a la delincuencia y mejorar la coordinación entre los distintos órganos de gobierno encargados de la seguridad.

 

- Reformular la estrategia contra las organizaciones de delincuencia organizada, privilegiando el uso de la información de inteligencia para la desarticulación de los grupos delictivos y el combate al lavado de dinero.

 

- Fortalecer los programas de cooperación internacional para enfrentar a las diversas modalidades de delincuencia organizada y redes ilícitas transnacionales, a partir de los principios de responsabilidad compartida y solidaridad.

 

- Identificar y desarticular las redes de corrupción entre políticos, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones criminales, reforzando la unidad de inteligencia financiera y su coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), castigando severamente a quienes participen en los actos de corrupción y colusión de dichas redes.

 

- Promover una reforma electoral y penal que tipifique penalmente y castigue el uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales.

 

- Impulsar un amplio programa nacional de prevención y reducción de riesgos en torno al consumo de estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas, así como garantizar la calidad de los servicios públicos en materia de prevención, atención, rehabilitación y reducción de daños.

 

- Profesionalizar y fortalecer los cuerpos policiales municipales y estatales para que en todo el territorio nacional reasuman y cumplan sus funciones constitucionales de seguridad pública.

 

-Mejorar las capacidades de la policía federal para enfrentar la delincuencia organizada; así como su coordinación con las autoridades estatales.

 

  1. Combatir las malas prácticas, la impunidad, y la corrupción en el sistema de impartición y procuración de justicia, con los siguientes mecanismos:

 

- Reforzar la oralidad de los juicios en las distintas materias del quehacer jurídico.

 

- Supervisar la correcta implementación del sistema de justicia penal acusatorio, teniendo como prioridad la capacitación permanente de todos los servidores públicos que participan en él.

 

- Fortalecer las capacidades de los ministerios públicos para la investigación y consignación de los delincuentes.

 

- Promover la armonización de las legislaciones penales de los estados.

 

- Promover que la legislación penal contemple prisión preventiva en los casos de acopio, transporte y portación de armas.

 

- Supervisar el tránsito de la PGR a una Fiscalía General que sea autónoma, apartidista, capaz e independiente y que cuente con mejores herramientas y controles efectivos para desempeñar adecuadamente sus funciones.

 

- Vigilar que la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República se haga sin pase automático.

 

- Asegurar que la Fiscalía General de la República nazca como una institución profesional, con solidez técnica y mejores herramientas para investigar y perseguir el delito.

- Promover una transferencia ordenada y gradual de los recursos humanos, materiales, preservando la integridad de los expedientes.

 

- Garantizar la independencia política del Fiscal General y los titulares de las fiscalías especializadas en anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos, incorporando criterios de selección para recuperar la legitimidad frente a la ciudadanía y estén libres de prácticas de control político.

 

- Revisar a profundidad la forma en que operan los servicios

técnico forenses.

 

- Hacer que la Fiscalía General de la República cuente con las facultades necesarias para evitar que casos relacionados con violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos queden impunes.

 

- Incorporar facultades para que la Fiscalía General atraiga casos del fuero común que revistan importancia para el ámbito nacional.

 

  1. Reestructurar el sistema penitenciario e implementar la siguientes medidas para abatir la posibilidad de que se conviertan en centros de operación de la delincuencia:

 

- Ampliar y modernizar los centros penitenciarios del país, así como clasificar de forma clara los centros de reclusión, para atender los problemas de hacinamiento e inseguridad al interior de los centros penitenciarios.

 

- Utilizar herramientas tecnológicas para evitar la comisión de delitos desde las cárceles. Establecer la obligación nacional del bloqueo de señales de teléfono celular e internet al interior y en las periferias de tales centros.

 

- Impulsar la profesionalización, capacitación del personal de los centros penitenciarios de reinserción y establecer controles de confianza y evaluación permanente.

 

- Establecer medidas eficaces contra la corrupción, el trato discriminatorio y/o diferenciado de las personas en reclusión, las violaciones a sus derechos humanos, el consumo y el tráfico de drogas, la inducción a la comisión de delitos al interior de los centros de reclusión.

 

- Hacer obligatorios el trabajo y la educación penitenciarias e implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas de reinserción social.

Ricardo Anaya | De Frente al Futuro